Un proyecto ideado por Conarcoop para regular a los productores de envases llega al Congreso
Por Administrator · · 4 min de lectura
En un trabajo en conjunto entre la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR) y otras organizaciones, el próximo 6 de julio presentarán en el Congreso de la Nación un proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo”.
Según lo informado por las entidades que impulsan esta iniciativa, el proyecto busca legislar en todo el país el destino de los envases post consumo, a fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas.
De tal forma que, proponen al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, organismo que ya brindó su respaldó, sea la Autoridad de Aplicación. La iniciativa especifica que están comprendidos, dentro de las disposiciones, todos los recipientes introducidos por primera vez en el mercado nacional, sean fabricados en Argentina o sean importados, y también aquellos post consumo, sean de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario o institucional, con excepción de los que, por “sus particulares características”, se encuentren regulados por legislaciones específicas, y los destinados a la exportación, salvo que retornaren al país.
Además, dispone de la creación del “Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE)”, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, que tendrá el rol de la implementación de la norma, y la articulación y coordinación de los Sistemas de Gestión Local (SGL), para la reintroducción de los materiales reciclables en el esquema productivo.
Por otro lado, se creará un Registro de Envases o Embalajes, donde se anotará, con carácter de declaración jurada e inscripción obligatoria, el tipo de envase, material, empleo, retorno y toda otra información necesaria que considere el Ministerio para evaluar el impacto sobre el ambiente.
A su vez, establece una “tasa ambiental” sobre los productos alcanzados por la norma, y se designa a la AFIP como órgano recaudador. Así, los fabricantes, responsables de la puesta en el mercado, deberán abonar este canon por cada recipiente.
Por último, se disponen diferentes sanciones por el incumplimiento de la norma, que pueden ir desde multas de entre 1 y 200 sueldos mínimos de la categoría básica, hasta suspensiones temporales o el cese definitivo de la actividad.
El proyecto busca prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas. La iniciativa, que además apunta a promocionar el “reciclaje inclusivo”, será presentada el próximo 6 de julio en el parlamento argentino. En un trabajo en conjunto entre la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR) y otras organizaciones, el próximo 6 de julio presentarán en el Congreso de la Nación un proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo”. Según lo informado por las entidades que impulsan esta iniciativa, el proyecto busca legislar en todo el país el destino de los envases post consumo, a fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas. De tal forma que, proponen al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, organismo que ya brindó su respaldó, sea la Autoridad de Aplicación. La iniciativa especifica que están comprendidos, dentro de las disposiciones, todos los recipientes introducidos por primera vez en el mercado nacional, sean fabricados en Argentina o sean importados, y también aquellos post consumo, sean de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario o institucional, con excepción de los que, por “sus particulares características”, se encuentren regulados por legislaciones específicas, y los destinados a la exportación, salvo que retornaren al país. Además, dispone de la creación del “Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE)”, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, que tendrá el rol de la implementación de la norma, y la articulación y coordinación de los Sistemas de Gestión Local (SGL), para la reintroducción de los materiales reciclables en el esquema productivo. Por otro lado, se creará un Registro de Envases o Embalajes, donde se anotará, con carácter de declaración jurada e inscripción obligatoria, el tipo de envase, material, empleo, retorno y toda otra información necesaria que considere el Ministerio para evaluar el impacto sobre el ambiente. A su vez, establece una “tasa ambiental” sobre los productos alcanzados por la norma, y se designa a la AFIP como órgano recaudador. Así, los fabricantes, responsables de la puesta en el mercado, deberán abonar este canon por cada recipiente. Por último, se disponen diferentes sanciones por el incumplimiento de la norma, que pueden ir desde multas de entre 1 y 200 sueldos mínimos de la categoría básica, hasta suspensiones temporales o el cese definitivo de la actividad.