La resolución del INAES alcanza a un tercio de las cooperativas y mutuales de Mar del Plata

La situación administrativa de numerosas entidades de la economía social quedó en el centro del debate en Mar del Plata tras la publicación de la Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La normativa establece sanciones para cooperativas y mutuales que no hayan presentado documentación asamblearia y estados contables dentro de los períodos establecidos.

De acuerdo con información relevada por Qué Digital a partir de fuentes del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), la medida alcanza a 133 de las 379 cooperativas con matrícula vigente en Mar del Plata, lo que representa aproximadamente el 35% del total local.

Suspensiones y plazos para regularizar la documentación

La resolución contempla distintas situaciones según la fecha de inscripción de las entidades y el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.

Las cooperativas y mutuales inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no hayan presentado las actas de asamblea y los estados contables correspondientes desde enero de 2023 —o desde su constitución, si fuera posterior— quedan suspendidas hasta regularizar su situación.

Para las entidades constituidas entre 2023 y 2024 que participaron del relevamiento previo, pero no actualizaron la documentación requerida hasta el 6 de agosto de 2026, se estableció un plazo de 30 días para cumplir con las obligaciones pendientes. En el caso de las inscriptas durante 2025, el período previsto es de 60 días.

Mientras dure el plazo de regularización, estas últimas entidades solo podrán realizar trámites vinculados con el cumplimiento de los requerimientos recibidos. Esto puede limitar otras gestiones administrativas, incluida la participación en procesos licitatorios. Si no cumplen dentro del período fijado, también podrán quedar suspendidas.

Preocupación por el alcance de la medida

Desde el IPAC señalaron que, en Mar del Plata, 106 cooperativas ya se encuentran suspendidas y otras 25 fueron intimadas a regularizar su situación. En el caso de las mutuales, el relevamiento citado por el medio local informó 12 suspensiones y tres entidades intimadas.

Uno de los cuestionamientos planteados desde el organismo provincial se relaciona con la inclusión de entidades que, según indicaron, fueron constituidas durante 2026 y recibieron intimaciones pese a no haber completado todavía su primer ejercicio anual.

El presidente del IPAC, Gildo Onorato, manifestó su preocupación por el impacto de la resolución y señaló que la medida también alcanza a entidades bonaerenses. Según expresó, el organismo provincial acompañará a las cooperativas durante el proceso.

Por su parte, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) manifestó su preocupación y recordó que muchas cooperativas de trabajo surgieron de procesos de recuperación de empresas quebradas o abandonadas. La federación reclamó revisar los padrones, ampliar los plazos y abrir una instancia de diálogo con las organizaciones representativas del sector.

El debate plantea la necesidad de compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones administrativas con las particularidades de las entidades cooperativas, en especial aquellas que sostienen fuentes de trabajo y desarrollan actividades productivas y comunitarias.

Fuente: Qué Digital