La legislatura bonaerense prorrogó por 3 años la emergencia económica para las Empresas Recuperadas

Las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras en la provincia de Buenos Aires contarán con tres años más de protección legal, tras la aprobación definitiva de la prórroga de la emergencia económica, financiera y tarifaria que alcanza a estas organizaciones.

La continuidad del régimen busca brindar herramientas para sostener la actividad de las unidades productivas que, luego del cierre o abandono de sus antiguos propietarios, fueron puestas nuevamente en funcionamiento bajo una gestión colectiva.

En este proceso tuvo intervención el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), organismo que promovió la extensión de la medida ante el próximo vencimiento del plazo establecido por la legislación vigente.

Protección para sostener la actividad productiva

Entre las disposiciones contempladas por la emergencia se encuentra la suspensión de las ejecuciones de sentencias de desalojo. La normativa también prevé la suspensión de cortes de servicios públicos provinciales vinculados con la distribución de energía eléctrica, el suministro de agua potable y los desagües cloacales.

Estas herramientas buscan evitar que situaciones económicas, financieras o tarifarias comprometan la continuidad de empresas cuyo funcionamiento depende del esfuerzo de sus trabajadores y de la administración colectiva de los recursos disponibles.

La ley, además, habilita al Poder Ejecutivo bonaerense a disponer una nueva extensión de la medida si continúan las circunstancias que dieron origen a la declaración de emergencia.

El registro provincial, una condición para acceder al régimen

La normativa alcanza a empresas constituidas como cooperativas de trabajo, o que se encuentren en proceso de constitución, administradas por trabajadores que continuaron la actividad tras el cese de operaciones de la empresa original.

Se incluyen situaciones como quiebras, cierres de establecimientos, abandono de sus titulares, vaciamiento empresarial, desmantelamiento, disolución de sociedades y transferencia de bienes o activos a los trabajadores, entre otras circunstancias que dieron lugar a la recuperación de las unidades productivas.

Para quedar comprendidas en las disposiciones, las organizaciones deben estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas.

En ese marco, el IPAC implementó un Censo de Empresas y Fábricas Recuperadas con el propósito de relevar tanto la situación productiva de cada establecimiento como las condiciones de los inmuebles donde funcionan. La información recopilada permite conocer la realidad del sector y contar con elementos para orientar las políticas públicas y resguardar los derechos de los trabajadores.

Continuidad de una política de acompañamiento

La extensión se suma a las medidas adoptadas anteriormente por la Provincia. En abril de 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que declaró la emergencia por un período de 18 meses. Posteriormente, en septiembre de 2025, un decreto extendió su vigencia por un año.

Con la nueva prórroga, las empresas recuperadas podrán continuar amparándose durante los próximos tres años en las herramientas previstas por la legislación bonaerense.

La decisión representa un respaldo normativo para las experiencias de autogestión que mantienen en funcionamiento unidades productivas y preservan fuentes laborales a partir de la organización cooperativa.

Fuente: Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).