El inicio del esquema de regularización de deudas con CAMMESA encendió las alarmas en el interior bonaerense: cooperativas advierten sobre dificultades para cumplir con los pagos sin afectar inversiones ni la calidad del servicio.
El sistema cooperativo eléctrico de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de alta tensión financiera. La implementación del esquema de regularización de deudas con CAMMESA encendió señales de alerta entre dirigentes del sector, que advierten sobre un escenario complejo para sostener la prestación del servicio en los próximos meses.
Durante un encuentro realizado en Olavarría, representantes de cooperativas eléctricas bonaerenses coincidieron en un diagnóstico crítico: el volumen de deuda acumulada y las condiciones del plan de pago generan incertidumbre respecto a la capacidad real de cumplimiento. El esquema vigente establece que las entidades deberán mantener al día el pago de la energía corriente y, en paralelo, comenzar a cancelar los compromisos acumulados en cuotas, lo que implica una doble exigencia financiera.
El origen de esta situación se remonta a los últimos años, cuando el atraso tarifario y el incremento sostenido del costo de la energía mayorista generaron un desfasaje entre ingresos y egresos. En muchos casos, las cooperativas continuaron garantizando el suministro eléctrico sin contar con recursos suficientes para cubrir el costo total de la energía adquirida, lo que derivó en deudas millonarias con el sistema mayorista.
El plan de regularización impulsado a nivel nacional contempla períodos de gracia y la posibilidad de financiar las deudas en hasta 72 cuotas, con tasas vinculadas a las del Banco Nación. Sin embargo, desde el sector advierten que la puesta en marcha de este esquema —cuyas primeras cuotas comenzarán a exigirse entre junio y julio— coincide con un contexto económico desafiante, caracterizado por altos niveles de morosidad y dificultades para actualizar tarifas.
En este marco, dirigentes cooperativos plantean que el principal desafío será equilibrar las obligaciones financieras con la necesidad de sostener inversiones en infraestructura eléctrica, indispensables para garantizar la calidad y continuidad del servicio. La preocupación radica en que el peso de la deuda podría obligar a postergar obras o comprometer la capacidad operativa de las entidades.
El caso bonaerense refleja una problemática más amplia dentro del sistema eléctrico argentino, donde las cooperativas cumplen un rol clave en la distribución de energía en localidades del interior. Estas entidades, organizadas bajo principios solidarios y de gestión comunitaria, enfrentan hoy el desafío de adaptarse a un nuevo esquema de financiamiento sin perder su capacidad de respuesta en territorios donde muchas veces son el único prestador del servicio.
En este escenario, el futuro inmediato del sector dependerá de la posibilidad de alcanzar equilibrios entre sostenibilidad económica, políticas tarifarias y reconocimiento del rol social de las cooperativas, en un contexto donde la energía continúa siendo un servicio esencial para el desarrollo local.
Fuente: La Nueva –