Córdoba: crece el rechazo cooperativo al proyecto de reorganización del sistema eléctrico

Cooperativas eléctricas cuestionan el esquema impulsado junto a EPEC que propone agrupar territorialmente a las entidades y crear estructuras societarias con participación de la empresa provincial. Advierten que podría afectar la autonomía y la identidad cooperativa. El debate sobre el futuro de la distribución eléctrica en Córdoba sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Cooperativas, dirigentes del sector y especialistas en derecho cooperativo vienen expresando fuertes cuestionamientos al proyecto de “optimización territorial” del sistema eléctrico provincial, una iniciativa que contempla la reorganización de las prestadoras en distintas regiones y la posibilidad de constituir nuevas estructuras societarias para operar el servicio. La discusión adquirió mayor visibilidad luego de que el abogado constitucionalista y especialista en derecho cooperativo Miguel Julio Rodríguez Villafañe publicara este lunes 24 de agosto un duro análisis en el que sostiene que el esquema podría significar una desnaturalización de las cooperativas eléctricas cordobesas. 

¿Qué se propone? El eje de la controversia es el denominado “Convenio Marco para el Análisis Integral e Interdisciplinario de Optimización Territorial del Sistema de Distribución Eléctrica de la Provincia de Córdoba”, firmado el 15 de abril de 2026 por EPEC, organismos del Gobierno provincial, el ERSeP y las federaciones FECOSI y FECESCOR. Según la documentación citada públicamente, entre los lineamientos bajo análisis aparece la conformación de una estructura societaria destinada a operar determinadas zonas de distribución, con una participación accionaria mayoritaria —del orden del 70%— correspondiente a cooperativas agrupadas regionalmente y un 30% perteneciente a EPEC. La empresa provincial asumiría además un rol como comercializadora de energía. El esquema contempla inicialmente una división del territorio cordobés en siete regiones. No se trata de una cuestión menor. De acuerdo con información de la propia EPEC, la empresa abastece actualmente a 204 cooperativas eléctricas, que constituyen una parte fundamental del sistema de distribución provincial, especialmente en localidades pequeñas y medianas del interior. 

El punto central: la autonomía cooperativa Las objeciones planteadas desde distintos sectores del cooperativismo no apuntan solamente al diseño territorial, sino fundamentalmente a la eventual conformación de sociedades de capital para prestar un servicio que actualmente se encuentra en manos de entidades cooperativas. Una cooperativa se organiza bajo principios jurídicos y económicos diferentes de los de una sociedad anónima. Mientras que en una cooperativa rige el principio democrático de “un asociado, un voto”, independientemente del capital aportado, en una sociedad anónima el poder de decisión está relacionado con la participación accionaria. Para Rodríguez Villafañe, esa combinación puede generar una tensión entre ambas naturalezas jurídicas y comprometer principios centrales del cooperativismo, particularmente su autonomía, gestión democrática y ausencia de finalidad lucrativa. También plantea otro interrogante: EPEC pasaría a compartir una estructura societaria con las mismas cooperativas con las que mantiene relaciones como abastecedora, comercializadora y actor central del sistema eléctrico provincial. Ese eventual entrecruzamiento de funciones constituye uno de los principales cuestionamientos formulados al proyecto. 

Cooperativas autoconvocadas manifestaron su rechazo La preocupación ya había quedado expresada pocos días atrás. El 12 de agosto, un conjunto de Cooperativas Autoconvocadas decidió por unanimidad no acompañar las iniciativas vinculadas con la regionalización en los términos actualmente conocidos. Las entidades sostuvieron que las cooperativas de base no otorgaron apoyo ni aval a esos procedimientos y señalaron que la propuesta podría vulnerar su autonomía, representación y participación dentro del sistema eléctrico provincial. El reclamo pone sobre la mesa un elemento especialmente sensible para el movimiento: cualquier modificación estructural del modelo de prestación debería contar con una participación efectiva de las cooperativas que operan diariamente las redes y mantienen una relación directa con los usuarios de cada comunidad. 

FACE también pidió participación y transparencia La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE) intervino públicamente en la discusión el pasado 18 de agosto. La Federación, que representa en Córdoba a 77 cooperativas asociadas, manifestó que considera legítimo analizar alternativas destinadas a mejorar la calidad, eficiencia, sustentabilidad y equidad del sistema eléctrico, pero reclamó que cualquier proceso de reorganización se desarrolle con transparencia y participación efectiva de las cooperativas involucradas. La posición introduce una distinción importante: discutir mecanismos de integración, cooperación regional, eficiencia operativa o aprovechamiento conjunto de infraestructura no necesariamente implica rechazar una modernización del sistema. La discusión pasa por cómo se realiza esa transformación, quiénes participan de las decisiones y qué grado de autonomía conservarán las entidades de base. 

Un debate que excede a Córdoba Lo que ocurra en Córdoba podría tener repercusión más allá de los límites provinciales. Las cooperativas eléctricas constituyen desde hace décadas una pieza esencial de la infraestructura energética argentina. En cientos de pueblos y ciudades fueron las propias comunidades las que construyeron redes y garantizaron servicios cuando empresas públicas o privadas no llegaban a esos territorios. Con el tiempo, muchas de ellas incorporaron además telecomunicaciones, agua potable, saneamiento, gas, servicios sociales y nuevas tecnologías. Por eso, cualquier proceso de concentración o reorganización territorial abre un debate que excede cuestiones puramente técnicas o económicas. La eficiencia, la escala y la sustentabilidad financiera son desafíos reales para el sistema eléctrico. Pero también lo son la proximidad con el usuario, el gobierno democrático de las entidades y la capacidad de cada comunidad de decidir sobre sus propios servicios públicos. El desafío será encontrar mecanismos capaces de combinar ambas dimensiones. 

La discusión recién comienza La controversia aparece además en un momento de profunda transformación del mercado energético argentino, con nuevos esquemas de comercialización, generación distribuida, energías renovables y cambios regulatorios que obligarán a distribuidoras y cooperativas a revisar muchos de sus modelos tradicionales. En ese escenario, la integración regional puede ser una herramienta. Pero para una parte importante del cooperativismo cordobés, la condición es clara: integrarse no debe significar perder autonomía ni transformar a las cooperativas en simples participantes accionarias de estructuras que las alejen de sus asociados. El proyecto cordobés abre así una discusión de fondo que probablemente continuará durante los próximos meses: cómo modernizar el sistema eléctrico sin desnaturalizar a las organizaciones que durante décadas garantizaron el servicio en buena parte del interior provincial.