Cooperativas cartoneras en alerta por un proyecto que abre los Centros Verdes a empresas privadas

Las cooperativas de recuperadores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires cuestionan el proyecto de renovación del servicio de higiene urbana impulsado por el gobierno de Jorge Macri, que contempla cambios en la gestión de los residuos reciclables y en la distribución de las tareas que actualmente realizan las organizaciones del sector.

La propuesta establece que las cooperativas conservarían la recolección diferenciada puerta a puerta, mientras que la operación de los Centros Verdes —donde se reciben, clasifican y acondicionan los materiales recuperados— y su posterior comercialización quedarían en manos de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de los contratos de recolección de residuos.

El nuevo pliego, que fue objeto de audiencias públicas durante octubre, modifica la estructura del sistema vigente y genera preocupación por sus consecuencias laborales, económicas y ambientales. Según referentes del sector, entre 6.000 y 7.000 trabajadores podrían ver comprometida su continuidad laboral.

Un sistema integral bajo discusión

Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones es que el proyecto divide etapas que actualmente funcionan de manera articulada. En el modelo vigente, las cooperativas intervienen en la recolección, el traslado, la clasificación y la comercialización de los materiales reciclables, actividades que forman parte de una misma cadena de trabajo.

Carlos Albarracín, coordinador del predio de Barracas de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, advirtió sobre el impacto que tendría la separación de esas funciones en la continuidad de los puestos de trabajo. Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) también señalaron que el esquema podría reducir las zonas de trabajo y dejar sin garantías laborales a miles de recuperadores urbanos.

Otro punto de controversia es que las empresas adjudicatarias podrían comercializar los materiales sin un precio mínimo establecido. Para las cooperativas, esta modificación afecta directamente la organización económica del sistema y el reconocimiento del trabajo de quienes recuperan los residuos.

El reciclado con inclusión social, en debate

Las entidades sostienen que el sistema desarrollado durante los últimos veinte años permitió incorporar a los recuperadores urbanos a la gestión formal de los residuos y consolidar una política que combina cuidado ambiental, generación de ingresos e inclusión social.

En ese sentido, advierten que trasladar la gestión de los Centros Verdes al sector privado podría subordinar la recuperación de materiales a una lógica empresarial y debilitar los incentivos para reciclar. También señalan que el esquema debe evaluarse en el marco de la legislación ambiental porteña y de los objetivos establecidos por la Ley de Basura Cero.

Las cooperativas presentaron observaciones formales al Gobierno de la Ciudad sobre el anteproyecto y dejaron asentado que sus planteos no implican conformidad con el procedimiento ni con las cláusulas propuestas. Además, se reservaron la posibilidad de impulsar acciones administrativas y judiciales.

Reclamo por la continuidad laboral

El conflicto excede la distribución de las tareas dentro del servicio de higiene urbana. Para las organizaciones, está en juego la continuidad de un modelo que reconoce a los recuperadores como trabajadores y les asigna un papel central en la gestión de los residuos reciclables.

Las concesiones actuales fueron prorrogadas hasta septiembre de 2028, fecha prevista para la transición hacia el nuevo esquema. Hasta entonces, las cooperativas buscan abrir una instancia de diálogo con las autoridades porteñas para modificar los puntos cuestionados y garantizar su participación en todas las etapas del circuito.

El debate vuelve a poner en el centro la relación entre las políticas ambientales, la gestión pública de los residuos y el trabajo cooperativo, en un escenario en el que las entidades reclaman que cualquier reforma contemple tanto la eficiencia del servicio como los derechos laborales y la inclusión social de los recuperadores urbanos.

Fuente: Nueva Ciudad.