Un grupo de asociados solicitó formalmente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) información detallada sobre el estado económico y administrativo de la entidad actualmente intervenida. La falta de respuestas reavivó el debate sobre derechos de los socios a conocer la gestión y la rendición de cuentas en cooperativas bajo supervisión judicial.
Un grupo de socios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, en la provincia del Chubut, exigió al INAES información clara y detallada sobre la situación económica, administrativa y de gestión de la entidad, que se encuentra bajo intervención judicial extendida. La presentación de la nota, firmada por varios asociados, representa el segundo pedido realizado en las últimas semanas ante la falta de respuestas formales del organismo regulador sobre el estado de la cooperativa.
Según el reclamo elevado por los socios —entre ellos profesionales y representantes de la comunidad— la intervención, dispuesta por un juez federal de Rawson y prorrogada recientemente, ha generado inquietud entre los asociados por la ausencia de información pública sobre las cuentas, decisiones administrativas y acciones de saneamiento de la entidad. En particular, cuestionan el silencio del INAES y la falta de detalles sobre la situación financiera real, el patrimonio, la deuda acumulada y las irregularidades detectadas previo a la intervención.
En su presentación, los asociados argumentan que el derecho a estar informados es una faceta esencial de la participación democrática cooperativa, especialmente cuando la entidad carece de órganos colegiados representativos debido a la intervención judicial. Por ello, solicitaron el acceso a toda la documentación relacionada con la gestión, incluyendo informes de auditoría externa, decisiones administrativas previas y el destino de fondos clave, como el del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas.
El grupo también remarcó su preocupación por que las irregularidades que llevaron a la intervención —mencionadas en los fundamentos de la resolución judicial que extendió la medida— hayan afectado gravemente los derechos políticos y económicos de los asociados. En el documento, indican que la falta de transparencia podría estar contraviniendo leyes y normas vinculadas al acceso a la información pública, y adelantaron que han elevado el pedido a la Agencia de Acceso a la Información Pública ante la ausencia de respuestas del INAES.
Asimismo, los vecinos agrupados se interesan por conocer detalles sobre la labor del interventor designado, Juan Manuel Ibañez, incluyendo los informes periódicos de gestión, las negociaciones con proveedores y otras entidades públicas y privadas, así como el estado de causas civiles y penales que involucran a ex autoridades de la cooperativa.
La situación en Rawson refleja una tensión recurrente en cooperativas intervenidas o en crisis: el equilibrio entre la necesidad de medidas de supervisión o normalización y el derecho de los socios a participar y acceder a la información sobre la marcha de sus entidades. Organismos como el INAES tienen un rol regulador clave, pero la percepción de opacidad puede profundizar desconfianzas y debilitar la legitimidad de las decisiones tomadas en contextos complejos.
Fuente: Red43