El Senado convirtió en ley el proyecto de generación distribuida de energía renovable, norma que habilita a usuarios residenciales y pymes a producir su propia energía. Cooperar publicó un comunicado manifestando su preocupación por las inequidades que encierra el precepto.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto denominado “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”, el cual permitirá al prosumidor (acrónimo de productor y consumidor), sea de una vivienda, comercio, edificio público, fábrica o una pyme, que inyecte energía a la red. Al generar electricidad en el mismo lugar donde se consume, se ahorra todo el gasto de transporte a la electricidad, infraestructura, mantenimiento y las pérdidas de energía que se producen en el “camino” entre la central eléctrica y el enchufe, que ronda entre un 8 y un 15 por ciento.
Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación anunciaron que la reglamentación de la ley se realizará durante el primer trimestre de 2018, y que además, se creó el Fondo Para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) al que el Tesoro Nacional financiará durante el primer año con 500 millones de pesos para que los usuarios instalen equipamientos que permita producir electricidad. Además, se creará otro Fondo para el fomento de la industria nacional asociada.
Por su parte, desde la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar) publicaron un comunicado alertando las inequidades que traerá la nueva legislación al suministro eléctrico nacional.
Cooperativas de electricidad nucleadas en la Confederación señalaron que, según la norma recién sancionada, aquellos que no cuenten con recursos para generar su propia energía (comprar el paquete tecnológico asociado a la autogeneración tiene un costo que ronda entre los 60 y 100 mil pesos) terminarán subsidiando el sostenimiento de la red que todos necesitan.
Comunicado de Cooperar
Preocupación en el cooperativismo por las inequidades que se podrían generar frente a la nueva ley de generación distribuida a través de fuentes renovables
Entre las cooperativas prestatarias de servicios públicos de energía eléctricas nucleadas en COOPERAR existe un fuerte compromiso con las diversas iniciativas que tienden a la instauración en la República Argentina de los sistemas de “generación distribuida” y/o “autogeneración distribuida” a través de fuentes renovables de energía. Tenemos desde COOPERAR una visión positiva sobre dichas políticas públicas (véase “Declaración de Montevideo 2016 –eje III- Cooperativa de las Américas“ – “Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 –ODS- Naciones Unidas Agenda 2030”), tanto por su condición ambiental, tanto por la satisfacción de las necesidades de sus asociados. De hecho hemos sido pioneras en este rubro.
Como entidades gestionadas por la comunidad tenemos un gran potencial para comprometer a todas las personas en el objetivo de lograr una matriz energética ambientalmente sustentable. Sin embargo en la reunión de Consejo de Administración de Cooperar se evaluó con preocupación que la recientemente sancionada ley de generación distribuida de energía eléctrica a través de fuentes renovables no haya incorporado la necesaria compatibilidad de estas nuevas normativas con los principios de la economía social que nos rigen. Cabe recordar que la solidaridad, la igualdad y el alcance universal son estadios propios de esos principios, y poseen particular importancia para nuestras empresas. Las cooperativas satisfacen desde antaño la necesidad del servicio eléctrico en más del setenta por ciento (70%) del territorio de la República Argentina, mediante prácticas fundadas en principios y estadios como los citados; han sido integradoras sociales, ejes de desarrollo y creadoras de igualdad. Dichos méritos del sector cooperativo han sido atacados a través de los tiempos; pero el entendimiento con el sector público, centralmente fundado en nuestra naturaleza social y democrática, nos ha permitido superarnos. Es por ello que en esta oportunidad queremos expresar nuestra PREOCUPACION por la incorporación en el texto de la LEY del último párrafo del art. 12, el cual reza: “El distribuidor no podrá añadir ningún tipo de cargo adicional por mantenimiento de red, peaje de acceso, respaldo eléctrico o cualquier otro concepto asociado a la instalación de equipos de generación distribuida”. Tal incorporación es incompatible con la necesidad de nuestras cooperativas de mantener la igualdad prestacional en términos de la economía social entre todos sus asociados. El párrafo citado impedirá a futuro la manutención de un sistema social y solidario de abastecimiento energético logrando que las capacidades económicas de un grupo de personas (que pueden acceder a nuevas tecnologías de generación) conspiren contra las necesidades de otras menos pudientes (que requieren un sistema integrado). Creemos que un nuevo análisis de estos extremos evitará ampliar la brecha de desigualdades en materia de Servicios Públicos esenciales, la cual ha tendido en los últimos años a la clandestinidad y falta de desarrollo en los sectores más carenciados. Las expectativas ahora están cifradas en promover una modificación de la ley, o encontrar propuestas reglamentarias que eviten lo que sería una profundización de las inequidades sociales y territoriales que afectan al sistema eléctrico nacional.