En una medida que ha generado debate en el sector cooperativo, la Secretaría de Industria y Comercio imputó a 39 cooperativas del interior de Córdoba por incluir tasas municipales en sus facturas. Esta acción, que forma parte de una investigación más amplia a nivel nacional, pone en el centro de la escena a la Resolución 267/24, que prohíbe la inclusión de cargos ajenos al servicio contratado en las facturas.
Un contexto nacional
La imputación a las cooperativas cordobesas se enmarca en un operativo que afecta a 94 empresas de todo el país, abarcando firmas de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, entre otras provincias. Esta es la segunda ronda de imputaciones, ya que en noviembre se abrió un sumario similar a 95 empresas por el mismo motivo.
El alcance de la Resolución 267/24
La normativa, vigente desde el 11 de octubre, establece que las empresas deben limitarse a facturar únicamente los bienes y servicios contratados, evitando cargos adicionales. Su incumplimiento configura una infracción a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2.130 millones.
Según informó la Secretaría de Comercio, las empresas imputadas tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. Una vez vencido ese plazo, podrían ser sancionadas si no cumplen con lo dispuesto en la resolución.
El impacto en las cooperativas
Las cooperativas imputadas, todas ubicadas en el interior de Córdoba, representan una parte esencial del entramado económico y social de sus comunidades. Estas organizaciones suelen asumir responsabilidades que exceden la mera prestación de servicios, como colaborar con los municipios en el mantenimiento de infraestructura o el pago de tasas locales.
Sin embargo, estas prácticas han sido cuestionadas por la Secretaría, que considera que incluir tasas municipales en las facturas de servicios es una violación a los derechos del consumidor.
El desafío para el cooperativismo
El sector cooperativo enfrenta un doble desafío: ajustarse a las normativas vigentes y, al mismo tiempo, sostener el modelo solidario que las define. Muchas cooperativas argumentan que, en ocasiones, deben absorber costos que no serían afrontados por el sector privado, como el mantenimiento de infraestructura o servicios comunitarios.
Desde el movimiento cooperativo, se anticipa que esta situación reavivará el debate sobre el rol de estas entidades en las economías locales y las tensiones entre su misión social y las exigencias regulatorias.
En las próximas semanas, las imputadas deberán decidir si ajustan sus prácticas a las nuevas normativas o presentan argumentos que justifiquen la inclusión de estos cargos en sus facturas. Lo que está en juego no solo son posibles sanciones económicas, sino también el modelo de gestión comunitaria que caracteriza al sector.
El caso de las cooperativas cordobesas podría sentar un precedente para el resto del país, en un contexto donde la regulación de las prácticas comerciales se encuentra bajo la lupa.
En una medida que ha generado debate en el sector cooperativo, la Secretaría de Industria y Comercio imputó a 39 cooperativas del interior de Córdoba por incluir tasas municipales en sus facturas. Esta acción, que forma parte de una investigación más amplia a nivel nacional, pone en el centro de la escena a la Resolución 267/24, que prohíbe la inclusión de cargos ajenos al servicio contratado en las facturas. Un contexto nacional La imputación a las cooperativas cordobesas se enmarca en un operativo que afecta a 94 empresas de todo el país, abarcando firmas de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, entre otras provincias. Esta es la segunda ronda de imputaciones, ya que en noviembre se abrió un sumario similar a 95 empresas por el mismo motivo. El alcance de la Resolución 267/24 La normativa, vigente desde el 11 de octubre, establece que las empresas deben limitarse a facturar únicamente los bienes y servicios contratados, evitando cargos adicionales. Su incumplimiento configura una infracción a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2.130 millones. Según informó la Secretaría de Comercio, las empresas imputadas tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. Una vez vencido ese plazo, podrían ser sancionadas si no cumplen con lo dispuesto en la resolución. El impacto en las cooperativas Las cooperativas imputadas, todas ubicadas en el interior de Córdoba, representan una parte esencial del entramado económico y social de sus comunidades. Estas organizaciones suelen asumir responsabilidades que exceden la mera prestación de servicios, como colaborar con los municipios en el mantenimiento de infraestructura o el pago de tasas locales. Sin embargo, estas prácticas han sido cuestionadas por la Secretaría, que considera que incluir tasas municipales en las facturas de servicios es una violación a los derechos del consumidor. El desafío para el cooperativismo El sector cooperativo enfrenta un doble desafío: ajustarse a las normativas vigentes y, al mismo tiempo, sostener el modelo solidario que las define. Muchas cooperativas argumentan que, en ocasiones, deben absorber costos que no serían afrontados por el sector privado, como el mantenimiento de infraestructura o servicios comunitarios. Desde el movimiento cooperativo, se anticipa que esta situación reavivará el debate sobre el rol de estas entidades en las economías locales y las tensiones entre su misión social y las exigencias regulatorias. En las próximas semanas, las imputadas deberán decidir si ajustan sus prácticas a las nuevas normativas o presentan argumentos que justifiquen la inclusión de estos cargos en sus facturas. Lo que está en juego no solo son posibles sanciones económicas, sino también el modelo de gestión comunitaria que caracteriza al sector. El caso de las cooperativas cordobesas podría sentar un precedente para el resto del país, en un contexto donde la regulación de las prácticas comerciales se encuentra bajo la lupa. Fuente: La Voz del Interior