Los trabajadores de la Cooperativa de Carreros y Cartoneros La Esperanza se encontraban manifestándose frente al palacio municipal en reclamo del pago de los meses de diciembre y enero. Cinco personas resultaron heridas.
El 28 de febrero, unos 300 trabajadores de la Cooperativa de Carreros y Cartoneros La Esperanza se movilizaron hasta el Palacio Municipal 6 de Julio para pedir el pago de los 7.200 pesos mensuales que cobran mediante el convenio Servidores Urbanos, por el cual las cooperativas brindan servicios y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.
Fue así, que por orden del intendente Ramón Mestre, efectivos policiales reprimieron a los trabajadores, quienes fueron desalojados mediante golpes y “bastonazos”. Cinco personas heridas, entre ellos una mujer embarazada.
“No nos pagan y están usando el capricho para no pagarnos. Se nos quiere descontar hora por protestar, y no lo vamos a permitir”, aseguró Carlos Andrada, otro de los integrantes de la Coopeativa La Esperanza.
Ignacio Andrés, miembro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), remarcó: “No hay diálogo, no nos reciben, y su única respuesta es la represión. La gente trabajó y no van a cobrar. Esto se trata de un intento de disciplinamiento, porque otras cooperativas que no han movilizado sí han recibido su pago”.
Por su parte, la Muncipalidad de Córdoba denunció a las organizaciones que protestaron por “impedir la normal circulación de vehículos, bloquear todos los accesos de la Municipalidad (incluyendo la cochera) incendiando bolsas de basura en la calle, utilizar pirotecnia, e impedir el ingreso y egreso del público en general”.
Además, el subsecretario de Desarrollo Social del municipio, Adrian Casati, aseguró que se están emitiendo los cheques para pagar los servicios.
El funcionario afirmó que la protesta está motivada por que el municipio comenzó a controlar las cooperativas desde octubre. “Encontramos un ausentismo del 60 por ciento”, subrayó Casatti, y agregó: “La extorsión en este gobierno no se permite. Es una beca de 7.200 pesos por mes, y ellos extorsionan porque cobran con un día posterior”.
Desde La Esperanza rechazaron los dichos de Casati y pidieron que el intendente, Ramón Mestre, lo separe de su cargo. “Nosotros estamos coordinados por los CPC, tenemos los certificados firmados de que trabajamos. Es un argumento falso para no pagar”, sentenció Andrada.