Las distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas numerosas cooperativas del interior, solicitaron formalmente al gobernador Axel Kicillof una recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD), imprescindible para poder adherirse al esquema de regularización de deudas lanzado por el Gobierno nacional a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
APEBA, que agrupa a cooperativas que prestan servicio a unas 500.000 personas en localidades como Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Saladillo y Zárate, entre otras, advirtió que sin una actualización tarifaria adecuada no podrán afrontar el régimen de pagos exigido, comprometiendo no sólo la regularización de deudas pasadas, sino también el cumplimiento de las obligaciones futuras.
Las condiciones del plan de saneamiento
El esquema de regularización lanzado por la Secretaría de Energía contempla facilidades importantes: 12 meses de gracia y 72 cuotas mensuales (seis años) para cancelar deudas contraídas hasta el 30 de noviembre de 2024, con una tasa de interés subsidiada al 50% de la referencia del Banco Nación. Asimismo, se premia a las empresas que no registran mora reciente, reconociendo créditos para quienes hayan cumplido en 2024 y no tengan deuda pendiente al cierre de 2023.
Sin embargo, el régimen impone una condición clave: las distribuidoras deberán mantener el pago al día de su consumo corriente, bajo pena de multas y la pérdida de los beneficios del plan.
En paralelo, se exige la presentación de un plan de inversiones orientado a fortalecer y modernizar la infraestructura eléctrica, un desafío mayúsculo en un contexto de bajos márgenes operativos.
Urgencia en la definición de reglas claras
El reclamo de APEBA y del conjunto de las cooperativas eléctricas no es sólo económico: también es una cuestión de tiempos. El Gobierno nacional estableció un plazo de 60 días corridos para adherirse al esquema, lo que obliga a las distribuidoras a definir rápidamente su estrategia financiera.
En este escenario, el sector cooperativo pide al Ejecutivo bonaerense certezas respecto a la evolución de las tarifas, advirtiendo que sin una actualización del VAD, la viabilidad misma de muchas distribuidoras podría verse comprometida.
Desde el movimiento cooperativo se insiste en que el acceso a una tarifa justa no solo es clave para el saneamiento financiero de las entidades, sino también para garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en vastas zonas del interior provincial.
La próxima decisión de la administración Kicillof será crucial para el futuro inmediato de las cooperativas eléctricas bonaerenses, que siguen siendo un actor fundamental para el desarrollo local y regional.